Última actualización: 15/09/2025 13:13
El Gobierno de Ecuador, a través de la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, informó que la eliminación del subsidio al diésel no está sujeta a negociación. La vocera mencionó que la postura gubernamental es firme y quela decisión ya ha sido tomada. Sin embargo, se mantendrán conversaciones con los gremios de transportistas.
A pesar de la medida, el Gobierno ha asegurado que el precio del gas de uso doméstico no subirá, manteniendo el subsidio actual. Además, Jaramillo indicó que no habrá un incremento en el costo de los pasajes, ya que se implementarán compensaciones económicas para más de 23,000 transportistas.
( Pilas con este dato: Agricultores cerraron la vía Babahoyo – Montalvo)
Programa de Incentivos Sociales y Económicos
En la rueda de prensa, Carolina Jaramillo describió el inicio de un «ambicioso programa de redistribución de recursos» con una inversión de USD 1,100 millones. El objetivo es que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
El programa incluye el bono Raíces, una ayuda de USD 1,000 para 100,000 agricultores. También se ha puesto en marcha el crédito 7×7, con una tasa de interés del 7% y un plazo de siete años, que ofrece montos desde USD 500 hasta USD 30,000 para capital de trabajo y la adquisición de equipos.
Además, el Gobierno planea la distribución de tractores de alta capacidad: 400 antes de finalizar el año y 800 más en 2026. Por otro lado, los pescadores artesanales de las provincias costeras como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro recibirán motores fuera de borda.
Medidas para el Sector de Transporte
Para los transportistas, además de la compensación económica que oscila entre USD 450 y USD 1,000, se han dispuesto créditos con una tasa subsidiada del 9% anual. El Gobierno también ha prometido saldar una «deuda histórica» de alrededor de USD 80 millones.
Entre los incentivos se encuentra el bono de chatarrización para 1,528 unidades de transporte, con una inversión de USD 150 millones. Se construirán también 12 zonas de descanso en la autopista E35, entre Tungurahua y Pichincha, con un presupuesto de USD 8 millones.
Con estas acciones, el Gobierno busca evitar las posibles movilizaciones y paralizaciones, asegurando que su política de diálogo no es una negociación donde se deba ceder ante presiones. Se ha reforzado la vigilancia con 1,178 agentes para evitar la especulación de precios y se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.
