Última actualización: 25/09/2025 08:14
El expresidente Rafael Correa acusó a la Corte Constitucional (CC) de llegar a un «acuerdo» con el presidente Daniel Noboa, para dar luz verde a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente. La polémica decisión se da en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la CC.
A través de su cuenta en la red social X, Correa, líder de la Revolución Ciudadana, dijo «se los dije: la CC actuó en tiempo récord y se convirtió en Secretaría Jurídica de la Presidencia. Llegaron a un ‘acuerdo’ con Noboa». Con esta declaración, el exmandatario cuestiona la ética y profesionalismo del tribunal que él mismo avaló durante su gobierno para la Constitución actual.
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Se los dije: la CC actuó en tiempo récord y se convirtió en Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Llegaron a un «acuerdo» con Noboa.
Esto para los que se hacían ilusiones con una CC ética y profesionalmente deplorable.
Ahora solo queda derrotarlo en las urnas, pero eso costará… https://t.co/qBDi4djger— Rafael Correa (@MashiRafael) September 25, 2025
Una aprobación que genera controversia
Este miércoles, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la propuesta de Noboa después de que el mandatario subsanara las observaciones que los magistrados habían hecho a un borrador inicial. Entre las correcciones se encontraban el proceso de elección de los asambleístas y el tamaño de las circunscripciones, puntos que, según la Corte, ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.
El máximo tribunal ecuatoriano ha dispuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluya la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes en la papeleta del referéndum, que está previsto para el próximo 16 de noviembre.
Tensión entre poderes
La autorización de esta consulta popular se produce en un contexto de abierta pugna entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional. El Ejecutivo ha llegado a calificar a los jueces del alto tribunal como «enemigos de la ciudadanía» debido a que han limitado o rechazado varias leyes, estados de excepción y preguntas de referéndum impulsadas por el Gobierno.
Correa concluyó su crítica señalando el alto costo económico de la consulta, estimado en 60 millones de dólares, y afirmó que ahora «solo queda derrotarlo en las urnas».
