Última actualización: 20/10/2025 13:18
Singapur intensificó la aplicación de la pena de muerte por narcotráfico, batiendo récords anuales. El pasado miércoles, dos singapurenses de 64 y 50 años fueron ejecutados por ahorcamiento, el método empleado en la próspera ciudad-Estado.
Según la ONG Transformative Justice Collective (TJC), con estas suman catorce ejecuciones en lo que va de 2025, la cifra «mayor en un año desde 2003«. Activistas y grupos como Amnistía Internacional (AI) denuncian la opacidad de los procedimientos y el elevado ritmo de las ejecuciones, impuestas abrumadoramente a traficantes de entornos marginados.
Leyes Draconianas y presión contra activistas
Las ejecuciones del miércoles fueron la tercera y cuarta en menos de un mes, lo que ha generado una gran alarma entre los abolicionistas. Uno de los ejecutados fue Hamzah Bin Ibrahim, condenado por traficar con heroína, y la otra fue una mujer (la segunda ejecutada en poco más de un año).
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Singapur posee una de las leyes antidroga más draconianas del mundo, que contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 15 gramos de heroína. Pese a las peticiones de AI y la Unión Europea de suspender las ejecuciones, el Gobierno defiende el ahorcamiento como una medida disuasoria para mantener el país seguro. La presión también se extiende a las ONG locales, como TJC, que han sido notificadas por la ley contra falsedades y manipulación en línea (POFMA).
