Los legisladores que conforman la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional visitaron cada uno de los cinco centros de privación de libertad que se encuentran en Guayaquil. En tres horas encontraron por lo menos 47 fallas en el mayor complejo penitenciario del Ecuador. Esto se da luego de la masacre ocurrida en septiembre pasado, en la que perdieron la vida 118 personas privadas de libertad.
Varias son las áreas en las que se han encontrado irregularidades, de acuerdo al informe de esta Comisión. La primera de ellas está relacionada a la parte de seguridad.
En el informe preliminar se detalla que a pesar de que el personal administrativo no tiene acceso a Internet, los presos se pueden conectar a redes que están en los exteriores de la Penitenciaría. Además, especifica que los escanners y los sensores al ingreso del complejo carcelario “no funcionan desde hace muchos meses”. De hecho, se señala que “es imposible ingresar a los pabellones” porque están “controlados por organizaciones criminales”. Incluso, descubrieron que las llaves de cada pabellón las tienen los privados de libertad.
Por eso, las autoridades “tienen miedo” de ingresar a las celdas, pues esa cárcel no cuenta con cámaras de seguridad en funcionamiento. Los inhibidores de señal tampoco están operativos y apenas hay un chaleco antibalas para las autoridades.
En la estructura de la cárcel están las huellas de los enfrentamientos de bandas narcodelictivas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. En las paredes de las oficinas administrativas hay hoyos de los proyectiles de las armas de fuego que utilizaron los detenidos en la última masacre.
Informes del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) y de la Policía también confirman esta realidad. Las dos instituciones unieron fuerzas tras los asesinatos para controlar a las bandas delictivas. Los militares también se unieron a los controles dentro de las cárceles desde inicios de octubre cuando el presidente Guillermo Lasso dispuso un estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país.
La medida rige durante 60 días y la idea es que en ese tiempo las autoridades retomen el control de las celdas. Ya ha pasado un mes de los operativos y eso no han impedido que más hechos de violencia se perpetren en las cárceles. En el último mes, 14 nuevos crímenes de presos se han ejecutado en las prisiones de Guayaquil.
Con esas muertes, en el último año ya se contabilizan 250 presos asesinados en las cárceles del país. Esto ha generado reacciones a nivel internacional. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el jueves pasado, urgió a la Asamblea Nacional que dé a conocer el informe sobre las causas y los responsables de la crisis carcelaria en Ecuador.
De allí que este lunes 8 de noviembre se tiene previsto que la Comisión de Soberanía presente el informe con las conclusiones y recomendaciones de las fallas en el sistema penitenciario. Ramiro Narváez es el presidente de ese organismo legislativo y el viernes señaló a este Diario que en el informe final se definirán las responsabilidades de cada una de las instituciones que son parte de la rehabilitación social de presos. En ese grupo están el SNAI, la Judicatura, la Fiscalía y el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Por eso, en el informe se detallan más fallas en las cárceles de Guayaquil. Por ejemplo, en la parte de condiciones de vida de los detenidos se señala que se desconoce si la comida llega a todos los presos. “La comida se entrega en la puerta de los pabellones, se desconoce bajo qué criterios es repartida. Se ha indicado por parte de los guías que solo Dios sabe lo que pase adentro de los pabellones”, se indica en el informe.
En torno, a la separación de presos, la investigación legislativa indica que la separación que se aplica es el de pertenencia a una determinada banda criminal. El personal administrativo tampoco es suficiente para la preparación de expedientes de prelibertad. “Los funcionarios no cuentan con garantías, seguro de vida ni similares. Se encuentran expuestos”.
Además, se advierte que “no hay papel bond e insumos” y que hay retrasos para indagar a los responsables de las matanzas. En el informe se explica que en el listado de víctimas de la última masacre solo se detalla los nombre, pero no se registra el número de cédula, ni tampoco el pabellón al que pertenecían o el ala.
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