La ministra de Gobierno, María Paula Romo, una jueza, un fiscal y siete policías fueron denunciados el jueves 30 de julio del 2020 por los presuntos delitos de fraude procesal, usurpación de funciones públicas, privación ilegal de la libertad, intimidación y asociación ilícita.
Esta queja judicial fue presentada en la Fiscalía por Marcelo Salvador, abogado de Miguel D.M., quien el lunes 27 de julio de 2020 fue detenido en Tumbaco, en las afueras de Quito.
Ese día, los agentes allanaron su casa y encontraron pistolas, fusiles, alimentadoras y 9 512 municiones.
La mañana de este 30 de julio del 2020, la Ministra se pronunció sobre este hecho. Dijo que ella y las otras nueve personas comparecerán al proceso y responderán a la justicia. “Es una forma de amenazar o amedrentar a la Policía Nacional así que responderemos con las herramientas de la ley”.
La denuncia contra las 10 personas consta en un documento de 16 páginas.
Allí se menciona que cuando fue el allanamiento, el investigado explicó que las armas y municiones fueron adquiridas de manera legal y que se obtuvieron en ese momento los permisos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
También indica que las armas se utilizan para práctica deportiva. Aclara que un fusil es de aire y las armas cortas son de láser.
La defensa denuncia que en el parte policial que fue presentado durante la audiencia de formulación de cargos no se incluyó esta explicación.
En ese documento, los agentes reportaron que los permisos para tener armas no están vigentes y que en el 2018 se habría ingresado un pedido al Control de Armas de FF.AA.
Salvador aseguró a este Diario que tiene las solicitudes que se han realizado al Comando Conjunto para renovar la licencia.
Actualmente, Miguel D.M está procesado por supuesta tenencia de armamento.
Según el Código Integral Penal (art. 360), este ilícito es penado con seis meses a un año de cárcel. Durante la audiencia de formulación de cargos, la magistrada Geovanna Palacios rechazó el pedido de Fiscalía y no dictó prisión preventiva contra Miguel D.M.
El lunes 27 de julio del 2020, la ministra Romo, a través de su cuenta de Twitter, escribió que “a pesar del arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad (ecuatoriana-estadounidense), la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva. La investigación seguirá adelante”.
Salvador también indicó que la detención y judicialización de su cliente es una persecución y además aseguró que se busca montar evidencias ilegales con el fin de atacar su nombre y reputación.
Por eso, el abogado pide a la fiscal general, Diana Salazar, que inicie la fase de investigación previa y que se recabe las evidencias en contra de los 10 denunciados.
Tras conocer que no se dictó prisión preventiva contra el investigado, los policías que conocieron el caso coordinaron “de inmediato” con la Fiscalía para reunir más evidencias que en futuras diligencias penales permitan demostrar la existencia del delito.
Actualmente, la jueza Palacios también afronta una investigación administrativa en el Consejo de la Judicatura. La idea es determinar si en su fallo cometió o no una infracción disciplinaria.
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