Varias organizaciones indígenas acudieron este lunes 18 de octubre del 2021 a la Corte Constitucional, para presentar una demanda de inconstitucionalidad a los Decretos Ejecutivos 95 y 191.

La Conaie, Confeniae, Coica y otras organizaciones indígenas de la Amazonía argumentan que estos Decretos permiten el aumento de las actividades de extracción minera y petrolera, así como el despojo de territorio a los habitantes autóctonos de esta región ecuatoriana.

Para el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el Decreto 95 “se lo realizó sin tomar en cuenta los efectos desastrosos que ha dejado la extracción petrolera en la región amazónica, lo que se transforma en una política de muerte por parte del Gobierno”.

El Decreto Ejecutivo 95, firmado por Guillermo Lasso, proyecta la nueva estrategia de producción petrolera en el país. Entre algunas de las acciones que forman parte de este plan se contempla la extracción petrolera en el área Ishpingo, una de las tres áreas que forman parte del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), ubicado en el Yasuní.

En cuanto al Decreto Ejecutivo 151, se trata de lineamientos sobre la elaboración de un Plan de Acción para el sector minero. En este documento se establece que es el Ministerio de Energía quien deberá elaborar una normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas, para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos determinados por la Corte Constitucional del Ecuador.

Marlos Vargas, presidente de la Confeniae, dijo que para que haya un diálogo con el Gobierno, este deberá “remediar” los territorios contaminados; realizar una revisión de contratos que facultan el extractivismo en la Amazonía; y derogar los Decretos 95 y 151 porque “no hay consulta previa”. En caso de que estos requerimientos no sean aceptados por Lasso, el dirigente advirtió que se “vendrán movilizaciones en toda la región amazónica”.

El activista y líder indígena Wuaroani, Nemonte Nenquimo, dijo que los mencionados Decretos son para los territorios indígenas “una amenaza grande, pues la extracción petrolera no es desarrollo, es contaminación y muerte”.

En días anteriores, el Gobierno anuncio una serie de reformas para lograr atraer inversión en minería y petróleo, con el fin de cumplir los acuerdos realizados con el Fondo Monetario Internacional.

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