Brindar seguridad ciudadana, fortalecer la democracia y proteger el medioambiente, son los tres bloques temáticos que marcan el rumbo de una consulta popular, que fue presentada el lunes 12 de septiembre de 2022 por el presidente, Guillermo Lasso.
Son ocho las preguntas que llegan en un momento de crisis social, aunque no se descartan incluir más a esta consulta popular, donde los ecuatorianos deben aprobarlas o rechazarlas.
Pregunta número 1: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?
Para combatir el crimen organizado y aumentar la seguridad, la primera pregunta busca que los militares salgan a las calles y puedan apoyar a la Policía Nacional, en todos sus controles. El Decreto que coordina los estados de excepción, permite que en la actualidad las Fuerzas Armadas realicen operativos para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.
Pregunta número 2: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución según el anexo 2?
El ámbito sobre la extradición de ecuatorianos que han cometido crímenes trasnacionales, se refleja en la segunda pregunta. Para expertos militares como Wagner Bravo, la extradición no es una mala idea, especialmente porque en EE.UU. no hay libertades o beneficios para estas personas.
Pregunta número 3: ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la fiscalía general del Estado, para que estas selecciones, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3?
Garantizar la autonomía de la Fiscalía, es el objetivo de la tercera pregunta. Donde se explica que el Gobierno quiere brindar la independencia de esta entidad pública, para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales.

El rumbo de la democracia, se detalla en el segundo bloque, donde se estructuran preguntas sobre decidir si se disminuyen los asambleístas, se controla los Movimientos Políticos, y sobre todo la derogación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Pregunta número 4: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y un asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 4?
En la cuarta pregunta se propone reducir el número de asambleístas y que los próximos postulantes sean elegidos mediante criterios por el número de habitantes de una localidad.

Pregunta número 5: ¿Está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 5?
Exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral y obligarlos a llevar un control de la cantidad de sus participantes, es el objetivo de la pregunta número cinco. Esto es debido, porque actualmente existen 272 Movimientos Políticos, pero esta cantidad no garantiza la representación ni la participación con la ciudadanía ecuatoriana.
Pregunta número 6: ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPSCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 6?
La entidad pública conocida como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha sido muestra de los enfrentamientos entre los partidos políticos para designar el encargado que controle esta institución, por tal razón la sexta pregunta plantea si los ciudadanos están de acuerdo que esta entidad pierda el derecho para designar autoridades, de modo que sea la Asamblea Nacional quien los elija.
Pregunta número 7: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 7?
Pregunta número 8: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estados, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?
Las dos últimas preguntas hacen referencia al cuidado ambiental. Por una parte, se busca incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la octava pregunta busca beneficiar a las personas pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades mediante compensaciones regularizadas por el Estado.

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