Última actualización: 05/11/2025 08:26
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, decretó el estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, y en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), debido a la grave conmoción interna generada por el aumento de hechos violentos asociados al crimen organizado.
La medida, emitida mediante el Decreto Ejecutivo No. 202, tendrá una vigencia de 60 días y busca reducir los niveles de violencia y desarticular a las organizaciones delictivas que operan en estas zonas.
Fundamentación del estado de excepción
El decreto se sustenta en informes de la Secretaría General de Comunicación (SEGCOM) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que evidencian un incremento sostenido de muertes violentas entre el 1 y el 28 de octubre de 2025, provocadas por disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Los reportes detallan que las acciones delictivas incluyeron detonaciones en viviendas, embarcaciones, puentes y centros comerciales, lo que ha elevado los niveles de inseguridad y temor entre la población civil.
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Asimismo, el informe militar advierte que los cantones Las Naves y Echeandía, por su ubicación limítrofe con Los Ríos y Guayas, han sufrido un incremento significativo en su índice delincuencial. En estas zonas, las organizaciones criminales han empleado artefactos explosivos improvisados (AEI) y difundido panfletos intimidatorios mediante redes sociales y medios locales, utilizando ambos cantones como centros estratégicos de planificación criminal.
Derechos suspendidos durante el estado de excepción
Para facilitar la intervención de las fuerzas del orden, el decreto dispone la suspensión temporal de dos derechos constitucionales, con el objetivo de permitir una respuesta más efectiva ante las amenazas de las organizaciones criminales.
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio
Esta disposición autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a ejecutar operativos las 24 horas del día sin necesidad de una orden judicial previa.
Permitirá realizar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares que puedan ser utilizados como escondites, centros de operación o refugio de personas vinculadas a actividades del crimen organizado.
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia
Esta medida permite la interceptación de comunicaciones entre miembros de organizaciones delictivas, con el fin de prevenir delitos y anticipar acciones criminales.
Objetivo del decreto
El Gobierno Nacional busca, con estas medidas, restablecer la seguridad ciudadana y recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la violencia.
El presidente Noboa enfatizó que el Estado no permitirá que los grupos criminales continúen operando con impunidad y que se fortalecerán las operaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad para “proteger la vida y la tranquilidad de los ecuatorianos”.
