Última actualización: 27/11/2025 08:07
A partir del 1 de diciembre de 2025, los pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejarán de recibir atención en los prestadores externos de salud de segundo nivel. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Prestadores, a través de un comunicado en el que informó que las unidades médicas no podrán continuar operando debido a la elevada deuda acumulada por la institución.
Los prestadores externos, clínicas, hospitales, consultorios y centros de salud privados que mantienen convenios con el IESS, atienden a miles de afiliados, jubilados y pensionistas en todo el país. Sin embargo, la falta de pagos amenaza con paralizar este soporte fundamental del sistema de seguridad social.
Les deben varios años
Según el comunicado difundido por la asociación, el IESS mantiene obligaciones impagas desde hace varios años. “La situación es crítica: no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago, y únicamente se han recibido pagos parciales de algunos meses del 2025”, detalló el gremio.
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La crisis no solo afectaría la continuidad de las atenciones médicas, sino también la estabilidad laboral del personal. El gremio indicó que, de no resolverse la situación, muchas instituciones “se verán obligadas a cerrar sus puertas y despedir al personal médico y administrativo”.
La problemática se agrava en provincias como Guayas, en existe un considerable retraso en los procesos de auditoría de 2025. Aunque la documentación fue entregada, los trámites no han avanzado, impidiendo la validación de servicios y, por ende, la generación de pagos.
Piden opciones de pago
Ante este escenario, los prestadores solicitaron al IESS la cancelación urgente de las deudas o, al menos, un plan programado de pagos que evite la suspensión de los servicios y reduzca el impacto para los pacientes. Recordaron que la demanda de atención médica es alta y que estas instituciones brindan servicios especializados en consultas, hospitalización, cirugías y diagnósticos que el sistema público no siempre puede cubrir.
La suspensión prevista para diciembre podría afectar de manera directa a miles de usuarios que dependen de estos convenios para acceder a atención oportuna y especializada.
