Última actualización: 23/03/2026 11:16
A menos de dos meses de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fuera intervenida, los tramitadores ilegales han vuelto a tomarse las plataformas digitales. Servicios que deberían ser estrictamente institucionales hoy se venden como cualquier producto comercial en Facebook o WhatsApp.
El auge de los trámites irregulares en el entorno digital
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por limpiar la institución, la oferta ilegal de matriculación, renovación de licencias y certificados vehiculares no se detiene. Los costos en este mercado negro son variados: desde los USD 80 por un certificado único vehicular hasta los USD 500 por procesos complejos como el desbloqueo de vehículos dados de baja.
La promesa del sistema AXIS 4.0
Los ofertantes captan clientes asegurando que los documentos ingresarán oficialmente al sistema AXIS 4.0, plataforma que recientemente retomó operaciones. Entre los servicios más demandados están:
- Matriculación y Revisión Técnica (RTV): Con precios desde los USD 200, prometen el documento sin que el auto se presente físicamente, solicitando únicamente fotos de la matrícula.
- Permisos de polarizados: Aunque están restringidos a motivos médicos, se ofrecen gestiones que incluyen certificados de salud falsos para inscribir el permiso en el sistema.
Vulnerabilidades del sistema y falta de agilidad burocrática
El sistema informático AXIS 4.0, creado en 2012, ha estado bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. Informes revelan que su fragilidad ha permitido que mafias alteren registros masivamente.
Dato clave: Entre 2021 y 2022, la ANT tuvo que anular 85,000 licencias de conducir y detectó más de 117,200 matrículas irregulares vinculadas a manipulaciones en el sistema.
¿Por qué los ciudadanos eligen la vía ilegal?
Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que la lentitud burocrática y la falta de eficiencia institucional empujan a las personas al «facilismo». Sin embargo, esta elección conlleva un alto riesgo de estafa, donde los usuarios pagan pero nunca reciben los documentos o estos no constan en la base de datos oficial.
Consecuencias legales: Cárcel para usuarios y tramitadores
El desconocimiento de la ley no exime de culpa. Según expertos jurídicos, contratar estos servicios implica incurrir en delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que acarrean graves sanciones.
Delitos y penas aplicables bajo el COIP
Quienes deciden contratar estos servicios fuera del marco legal podrían enfrentar una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años. El delito de cohecho se configura cuando el ciudadano entrega beneficios económicos para agilitar o evadir procesos legales.
De igual forma, quienes ofrecen estos servicios incurren en la oferta de tráfico de influencias, sancionada también con tres a cinco años de prisión. Finalmente, si existe una estructura organizada, se aplica el delito de asociación ilícita, manteniendo el mismo rango de privación de libertad.
El jurista Jean Paul Araujo enfatiza que tanto el que ofrece el servicio como el funcionario que se aprovecha de su cargo y el ciudadano que se beneficia son penalmente responsables.
Un problema estructural de ética y control
La corrupción en el sector del tránsito es vista como un problema de raíz profunda. La falta de auditorías al personal y la persistencia de redes delictivas dentro y fuera de las instituciones exigen una reforma integral. Mientras los procesos oficiales no ganen en agilidad y transparencia, el mercado negro seguirá encontrando clientes dispuestos a arriesgar su libertad por un trámite rápido.
